Manifiesto Contra la Violencia hacia las Mujeres 2022

Manifiesto 25 de noviembre 2022, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

¡Pongamos fin a la violencia contra las mujeres YA!.

 La Asamblea General de las Naciones Unidas, con el ánimo de poner el foco en la violencia que se ejercía contra las mujeres por el hecho de serlo, desde el año 1999 se decidió declarar el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Se nos insta a todas y a todos a la tarea de concienciación y sensibilización.

Los Ayuntamientos, Diputados Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares queremos manifestar nuestra repulsa hacia todas las formas de violencias recogidas en el Convenio de Estambul y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad y libre de violencias.

Más de 1.160 mujeres asesinadas por su pareja o expareja desde que hay registro en el año 2003. Asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Debemos sumar a esta escalofriante cifra todas aquellas violencias ejercidas contra las mujeres y señaladas en el citado Convenio. Son pérdidas inasumibles en una sociedad avanzada y moderna. Estamos ante una cuestión de Estado, de salud pública y un grave atentado a los Derechos Humanos.

Observamos con precaución el aumento en nuestro país del número de mujeres que tienen algún sistema de seguimiento policial, de igual manera el incremento de menores en situación de vulnerabilidad, ya que la violencia que sufren las madres se extiende a ellos y a ellas. Alertamos del aumento de la violencia vicaria (47 menores en 2013) y mostramos nuestra preocupación por el desamparo que sufren los huérfanos y huérfanas.

Es una cifra que se lee y escribe rápido, pero cuesta mucho más imaginarse el impacto de todos esos asesinatos, en todas esas familias, en nuestra sociedad. Detrás de la frialdad de cada cifra y cada porcentaje está la vida de una mujer, la vida de sus hijos e hijas, familias, amigos y amigas. Las vidas de las mujeres no son números y no podemos acostumbrarnos ni resignarnos a convivir con esta violencia que desafía los pilares de un país democrático. Ningún dato de violencia contra la mujer es aceptable en una sociedad que pretenda ser libre, igualdad y justa.

Tenemos delante una realidad innegable que nos interpela a todos y a todas a una acción firme en pro de la erradicación de la violencia contra las mujeres y de las actitudes sociales que la toleran, la justifican o incluso la banalizan, debemos intensificar esfuerzos para combatir el machismo y condenar todas las actitudes, prácticas y conductas que consienten y reproducen las violencias machistas.

La legislación española ha tenido importantes avances normativos llegando a contar con una legislación que es un referente para muchos Estados, siendo España el primero en acordar, en el año 2017, un Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es tiempo de que la sociedad tome conciencia e interiorice que, como ha dicho la Organización de las Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres es una vulneración de los derechos humanos que alcanza proporciones pandémicas.

Para todos los poderes públicos y para toda la sociedad debe ser una prioridad mejorar la respuesta que ofrecemos para garantizar la seguridad, la libertad y la vida de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas. Debemos impulsar, desarrollar y también evaluar el impacto de las políticas públicas que impulsamos destinadas a combatir la violencia. Las víctimas de violencia de género se merecen todo nuestro esfuerzo. Para acabar con la manifestación más terrible de la violencia machista es imprescindible la cooperación entre todas las Administraciones públicas y con la sociedad civil. Abordar la violencia machista en toda su crudeza exige sus exigentes y poner todos los esfuerzos que tenemos al alcance de proteger a las víctimas.

La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género supuso un hito en el abordaje de esta violencia que movilizó y puso en marcha una gran cantidad de recursos públicos destinados a combatir la violencia machista. La aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2017 supuso elevar el abordaje de la violencia de género a una cuestión de Estado. El Pacto de Estado es un acuerdo político por el que todas las fuerzas parlamentarias definieron una serie medidas concretas orientadas a la prevención, atención y recuperación de las víctimas de violencia machista. En el año 2018 se impulsa la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género dotándolo económicamente a través de los Fondos del Pacto de Estado.

El Pacto de Estado es el instrumento vertebrador de todos los actores que intervienen para prevenir y erradicar la violencia y una herramienta estratégica en continuo cambio y adaptación. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género fue una práctica de éxito, un espacio de colaboración y contribución de quienes tienen como objetivo luchar contra la violencia machista y debe ser un documento actualizado que responda a las nuevas formas en las que se manifiesta la violencia. Las Administraciones públicas deben seguir colaborando para desarrollar todas las medidas en la lucha contra la violencia de género que refleja el Pacto, incluida la dotación y ejecución de las partidas presupuestarias dedicadas a este fin.

Aunque parezca obvio, quizás no esté de más recordar que las mujeres no desean ser víctimas, no desean ser valientes, quieren ser simplemente libres.

Por todo ello

• Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración, y apoyamos todas las voces que trabajan por un futuro libre de violencias.
• Ratificar nuestro compromiso con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo, así como el especial papel que juegan los Ayuntamientos.
• Ratificar el compromiso firme de todas las entidades, Administraciones Públicas, etc. contra la violencia de género, y en defensa de los derechos de las mujeres, la erradicación de cualquier tipo de violencia machista y combatir cualquier discurso negacionista y posicionamiento político que niegue de la violencia de género o rechace las políticas públicas enfocada a su total erradicación.
• Instar a todas las Administraciones Públicas competentes a desarrollar y dar cumplimiento a las medidas que forman el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
• Debemos seguir trabajando en la ruptura del silencio, la sensibilización y concienciación a la ciudadanía del problema estructural de la sociedad que supone la violencia machista.
• Apoyar el proceso de renovación y actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se está iniciando en el Congreso de los Diputados.
• Colaborar con las asociaciones de la sociedad civil que luchan contra la violencia machista y trabajan por la igualdad de hombres y mujeres.
• Instamos a mejorar la coordinación continua entre los diversos agentes sociales implicados en la violencia contra las mujeres. Debemos mejorar la respuesta institucional a todos los niveles, evitando el riesgo de victimización secundaria y mejorando la confianza de las víctimas.
• Demandamos la utilización de todos los recursos que sean necesarios en la asistencia, ayuda y protección de las víctimas, sus hijos e hijas.
• Debemos impulsar el debate social para que lo público deje de ser privado. Los Ayuntamientos somos la mayoría de las veces el primer recurso y, en ocasiones, el único del que disponen las mujeres en búsqueda de reparo y denuncia de la violencia que sufren.
• Creemos que suma importancia dar un impulso a la formación de los agentes implicados para garantizar una respuesta especializada e integral a las víctimas.

 En el ámbito de nuestras competencias desarrollamos un papel fundamental en la prevención, así como en la información, asesoramiento, protección y acompañamiento a las víctimas y sus hijas e hijos.

 La violencia de género es incompatible con una sociedad plenamente democrática. Garantizar la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres y proteger a las víctimas no es una opción, es una obligación democrática. La violencia de género nos interpela y las administraciones locales/autonómicas debemos combatirla con todos los medios a nuestro alcance.